La Cámara de Diputados aprobó y dejó listo para su promulgación el proyecto que establece mecanismos de control financiero y disciplinario de las policías.
Entre sus objetivos se establece la modernización y el fortalecimiento de los estándares de transparencia y probidad. Para ello, incorpora sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa cuyo fin es garantizar el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.
Al respecto el diputado Mario Venegas manifestó: “sabemos que las instituciones policiales y en particular Carabineros deben cumplir un rol muy importante para nuestra sociedad, no obstante en el último tiempo han sido afectadas por problemas bastante serios de corrupción, de falta de probidad, que lamentablemente han resultado en escándalos nacionales; es el caso de lo que hemos conocido como el pacogate y también por desgracia la PDI, donde su anterior director nacional, también está procesado por faltas a la probidad, todo esto ha levantado la idea de la necesidad de profundas transformaciones al interior de estas instituciones y en esta dirección apunta este proyecto de ley que establece un conjunto de modificaciones a la normativas institucionales”.
En su paso por la Comisión Mixta se sustituyó el nombre original del proyecto. De este modo, varió de “modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” por “fortalecer la gestión policial y establecer mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
“efectivamente se tiene que ser más riguroso en todo lo que dice relación con la transparencia, en el uso de los recursos que se manejan y también tomar medidas para que haya una estricta probidad y un adecuado uso en los recursos, especialmente en lo que son gastos reservados. Ese es el propósito de este proyecto, que aprobamos y que se va a ley”. Concluyó Venegas.
En este marco, se regula que Carabineros y la PDI están al servicio de la comunidad. Sus acciones se orientarán a la prevención de delitos, control y el restablecimiento del orden público y a la seguridad pública. Además, promueve un sistema de registro audiovisual de los procedimientos policiales; elementos de protección personal; y de medios disuasivos menos letales.
Dicho personal tiene el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades de las personas, así como velar por la integridad de las personas bajo su custodia.